La Justicia boliviana imputa a un excomandante de las FFAA en el caso LaMia.

Derecho Penal en la Red 2018-06-14 04:03:00

La justicia boliviana ha dado un nuevo giro en el proceso judicial iniciado tras el accidente aéreo de la compañía LaMia, que se cobró 71 vidas el 28 de noviembre de 2016 en un cerro del departamento colombiano de Antioquia.

El excomandate en jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA) bolivianas y exdirector ejecutivo de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA), general Tito Roger Gandarillas Salazar, ha sido formalmente imputado por un supuesto delito de incumplimiento de deberes en el marco de este proceso, en el que varios funcionarios públicos y personas vinculadas a LaMia continúan bajo acusación por múltiples delitos sin que se haya celebrado ningún juicio hasta el momento en Bolivia.

El general Gandarillas era el máximo responsable de AASANA cuando se produjo el accidente, pero hasta el 8 de junio de este año no ha sido formalmente imputado por la Fiscalía boliviana.

Sin embargo, días después del siniestro, la funcionaria de bajo rango de la misma institución que revisó el plan de vuelo de la aeronave accidentada en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra, Celia Castedo, fue acusada de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, desastres en medios de transporte, homicidio culposo y lesiones gravísimas. Con ella fueron imputados dos responsables de AASANA en Santa Cruz de la Sierra.

El diario boliviano El Deber tuvo acceso al fiscal departamental de Santa Cruz, Freddy Larrea. Según el rotativo, éste le manifestó que el general Gandarillas no fue imputado en los días o semanas que siguieron al accidente, cuando aún ocupaba el cargo de Director Ejecutivo de Aasana, porque “los fiscales son los que llevan adelante las investigaciones y hacen los análisis”.

Según el documento de la imputación, cuya autenticidad ha sido confirmada por la Fiscalía General boliviana, Gandarillas podrá continuar en libertad, aunque tendrá la obligación de permanecer en Bolivia, personarse en la Fiscalía de Santa Cruz cada 15 días y presentar dos garantes personales. 

De esta forma, la investigación desarrollada por la Fiscalía boliviana, que teóricamente debía concluir en la primera quincena de junio para dar paso a los juicios de las personas imputadas, podrá prolongarse de nuevo.

CNN.