Los niños vendidos acaban en Gabón.

Derecho Penal en la Red 2018-07-12 03:40:00

Cuando tenía 15 años, la togolesa Adama (nombre ficticio) fue explotada como sirvienta en Nigeria antes de ser llevada hasta Gabón, a casa de una mujer que la enviaba a vender comida en la calle sin pagarle. Senami (nombre ficticio), de 13 años, fue comprada en Benín. “Mi padre no quería, pero mi tío le embrujó y le convenció para que me vendiera a un traficante”, acusa. Con una mezcla de rabia contenida y tristeza, recuerda su experiencia como esclava doméstica y vendedora de cacahuetes para una "malvada" beninesa de Libreville. “Le lavaba la ropa, le hacía todo (...). Pero cuando veía que faltaban 100 francos CFA (0,15 céntimos de euro), me pegaba con las zapatillas”, recuerda Senami, que dormía en el salón sobre una estera y comía “después de todos”.

Niñeras, vendedores ambulantes, vigilantes nocturnos, lazarillos e incluso esclavas sexuales: las historias de niñas y niños víctimas del tráfico en Gabón y obligados a trabajar sin sueldo son corrientes. Son comprados en África occidental y trasladados a países como este, petrolero y relativamente rico. Luchar contra las mafias de traficantes es un desafío diario.

Estos niños llegan desde las costas de otros países junto a otros inmigrantes clandestinos, la mayoría de las veces en un barco improvisado. “Durante el viaje de cuatro días en patera murieron seis personas”, recuerda Senami, que llegó a Gabón a principios de 2018 y está ansiosa por regresar a Benín para reencontrarse con su familia y trabajar para ella misma.

Al igual que otros casi 80 niños, Adama y Senami viven ahora en un centro de tránsito financiado por las autoridades gabonesas con el apoyo de Unicef, que no tiene una cifra precisa y actual sobre la cantidad de niños en estas circunstancias. Según las últimas estadísticas que posee el proyecto Understanding Children`s Work, realizado a tres manos entre Unicef, el Banco Mundial y la Organización Internacional del Trabajo, un 22,3% de menores entre cinco y 14 años estaban involucrados en alguna actividad económica y un 23,3% combinaba trabajo y estudios en 2012, fecha de los datos más recientes. Los chavales que ahora descansan en los centros de tránsito serán enviados a sus países de origen en caso de que se encuentre a sus familias y se compruebe que estas no van a deshacerse de ellos y están en condiciones de cuidarlos.

La Oficina de Asuntos Internacionales de Trabajo de Estados Unidos detalla en su página web que hay pruebas limitadas de tráfico de niños dentro de Gabón, "aunque es un hecho que algunos padres confían a sus hijos a intermediarios que los trafican en lugar de proporcionarles oportunidades de educación y trabajo". Melanie Mbadinga Matsanga, miembro del Comité Nacional para la supervisión de la lucha contra el tráfico de niños en Gabón, afirma que se trata de un “crimen organizado transnacional, una red completa que parte de África Occidental”. A veces, explica, los menores vuelven a ser víctimas de tráfico después de reunirse con sus familiares.

Existe información limitada sobre actividades específicas llevadas a cabo por niños en los sectores de agricultura, industria y servicios. En concreto, los trabajos más frecuentes son la pesca y ahumado de pescado, minería, fabricación de ladrillos, trabajo doméstico, venta ambulante, recogida de basura, atención en restaurantes, servicios de transporte y explotación sexual.

Michel Ikamba, jefe de la Sección de protección de la infancia de esta organización en Gabón, señala que una pequeña niñera puede reportar a un traficante entre 100.000 francos CFA (unos 150 euros) y 150.000 francos CFA (unos 230 euros), según las pruebas obtenidas por Unicef. “Al niño no se le paga, él trabaja para la red y a su pueblo natal no llega nada”, explica.

La red incluye generalmente a una persona que les lleva al país de tránsito (principalmente Nigeria), otra que les lleva al destino de acogida, la persona que los recibe y que paga a los contrabandistas y, por último, la persona que coloca al niño en las casas en Gabón, explica Ikamba.

Cuando un traficante está preocupado por la justicia, “se intenta corromper a los jueces”, a quienes ofrecen dinero, señala un magistrado que prefiere no revelar su nombre y que afirma haber vivido esta situación. “Algunos jueces de instrucción hacen de la lucha contra el tráfico de niños un negocio”, se lamenta. También sucede que la justicia considera ciertas prácticas como culturales, olvidando que se trata de un acto criminal”, aclara este mismo magistrado.

Es el caso del matrimonio infantil. Niakate Tene, de 12 años y procedente de Mali, fue comprada por 500.000 francos CFA (760 euros) en 2012 a una “red tentacular” por un maliense residente en Gabón que la obligó a casarse con él. La policía la encontró encadenada y llorando en casa de su esposo, y liberó a la niña. El hombre solo estuvo un mes en prisión antes de ser puesto en libertad bajo fianza, explica el magistrado.

Según el magistrado, el tráfico de niños ha adquirido formas más ocultas con los trabajadores domésticos.“Conozco a muchas personas que tienen hijos en casa y saben que es ilegal, pero un niño es más barato”, asegura un camerunés de Libreville.

Mucho por hacer.

En Gabón, el fenómeno ha disminuido desde principios de la década de 2000 gracias a una ley de 2004 que penaliza el tráfico de niños, a otras internacionales que ha ido ratificando en los años siguientes y al trabajo de sensibilización de distintas organizaciones, como Unicef. “Remitimos a varias personas y tuvo mucha repercusión. La gente empezó a concienciarse”, señala Sylvianne Moussavou, policía gabonesa, especializada en la lucha contra la explotación de niños. “Ahora ya hay mucha gente que se fija en la edad”, pero muchas veces tienen documentos falsos, lamenta.

El país también cuenta con Comité Interministerial para la Lucha contra el Tráfico de Menores que coordina los esfuerzos nacionales contra la trata de niños y otras formas de trabajo infantil. Este incluye representantes de cinco ministerios y entre sus responsabilidades, opera una línea directa telefónica para atender a víctimas del tráfico de niños, mantiene oficinas y centros provinciales para estas, proporciona servicios sociales y se encarga de las repatriaciones a los países de origen de los menores cuando es apropiado. No obstante, en 2016 se supo que la falta de comunicación entre los ministerios y las limitaciones presupuestarias limitaron la capacidad de este organismo, según el departamento de trabajo internacional estadounidense. "Las investigaciones indican que los miembros del Comité ocasionalmente utilizan fondos personales para ayudar a las víctimas debido a la falta de recursos".

Gabón posee asimismo un Observatorio Nacional de los Derechos del Niño y programas nacionales como uno de refugio para niños en situación de necesidad en Libreville y Port Gentili que en 2016 atendió a 19 víctimas, o el Programa de Trabajo Decente, llevado a cabo entre 2013 y 2016 y con el que se intentaron promover condiciones justas de trabajo con el enfoque puesto en la creación de oportunidades de empleo para los jóvenes.

Pero queda mucho por hacer. En las observaciones finales del segundo informe de Gabón sobre su aplicación de los protocolos ratificados que realizó el Comité de los Derechos del Niño en 2016, la experta y coautora del informe, Suzanne Aho Assouma, llamó la atención sobre la necesidad de cerrar la brecha existente entre las leyes y su aplicación.

Para la Oficina de Asuntos Internacionales de Trabajo de Estados Unidos, Gabón ha realizado un "avance mínimo" en los esfuerzos para eliminar las peores formas de explotación laboral infantil. Valoran cómo el Comité para la Lucha contra la Trata de Niños estableció comités de vigilancia local en las nueve regiones e inició ocho procesamientos contra personas por esa práctica en 2016. "Sin embargo, los niños en Gabón realizan tareas peligrosas en el trabajo doméstico y el transporte. El Gobierno carece de prohibiciones contra el uso de niños en actividades ilícitas y no prohíbe penalmente la esclavitud o el uso de niños para actuaciones pornográficas. Los inspectores del trabajo carecen de los recursos básicos necesarios para realizar investigaciones, como transporte, combustible y suministros de oficina. Además, el Gobierno carece de una política general para abordar el trabajo infantil, redujo los fondos al Comité Interministerial para la Lucha contra la Trata de Niños y redujo el apoyo financiero a los programas sociales para abordar el trabajo infantil", concluyen.

AFP.