Colombia: así se torció el caso Luis Carlos Galán.

Derecho Penal en la Red 2019-08-19 08:00:00

El martes 22 de agosto de 1989, cuatro días después del magnicidio de Luis Carlos Galán, un operativo de la Dijín de la Policía, dirigido por el entonces teniente Carlos Enrique Rodríguez, irrumpió abruptamente en una oficina en el centro de Bogotá, situada en el edificio Las Vegas (carrera 4 n.° 19-68). Allí fueron detenidas cinco personas, encabezadas por el químico farmaceuta Alberto Jubiz Hazbún y, en medio de un gran despliegue policivo que incluyó su presentación ante los medios de comunicación, fueron señalados de ser los autores del crimen del candidato presidencial.

Al día siguiente, en alocución para todo el país, el presidente Virgilio Barco elogió la rápida investigación de la Dijín y los detenidos pasaron a disposición de un juez de orden público. A pesar de que, entre los días 19 y 22 de septiembre del mismo año, otro grupo de la Policía, con apoyo de oficiales de la Brigada XIII del Ejército, capturó a los verdaderos asesinos, la versión que se impuso fue que los responsables eran los del grupo de Jubiz Hazbún. Mientras ellos purgaron injustamente 42 meses de prisión, la justicia fue dejando libres a los gatilleros reales y todos resultaron muertos de forma violenta.

Aunque rápidamente el país tuvo claro que la captura del grupo de Jubiz Hazbún solo fue el comienzo de la desviación de la investigación, tuvieron que pasar casi 25 años para que la justicia se enfocara en tratar de establecer quiénes participaron en el complot. Ante el dudoso comportamiento de varios oficiales que hacían parte de la Policía de Cundinamarca en la época de los hechos, la Fiscalía se interesó en saber por qué se hicieron reconocimientos de personas sobre fotos publicadas y por qué la Dijín hizo un despliegue mediático para mostrarle al mundo a personas inocentes.

Primero se escuchó al entonces director de la Dijín, general Óscar Peláez Carmona, quien se mostró “ajeno y distante del operativo”, y atribuyó la responsabilidad al coronel Hernando Arciniegas Sánchez, en su calidad de jefe de estupefacientes. El oficial Arciniegas compareció ante la justicia en noviembre de 2014 y quedó claro que, ese 18 de agosto, los jefes de cada sección de la Dijín recibieron la orden de sacar listas de personas con antecedentes de narcotráfico y al final se optó por realizar el allanamiento de una oficina del narcotraficante Jaime Valencia, donde estaban Jubiz Hazbún y los demás.

Aunque la acción estuvo comandada por el entonces teniente Carlos Enrique Rodríguez, fue Arciniegas quien pidió a un juez de instrucción penal de la época la orden de allanamiento y también quien entregó los detenidos a la justicia. Interrogado por la Fiscalía, el coronel Arciniegas contó que ese lugar fue escogido porque se tenía información de que Jaime Valencia era un narco de Cáqueza y los Llanos. Pero devolvió la responsabilidad manifestando que el operativo siempre estuvo a cargo del director y el subdirector de la Dijín: Óscar Peláez Carmona y Norberto Peláez Restrepo, respectivamente.

Arciniegas agregó que él apenas era capitán y no supo quién convocó a los periodistas. Sin embargo, insistió en que la conclusión de que los capturados eran los autores del magnicidio de Galán no fue suya, sino de Peláez Carmona y que, además, el teniente Rodríguez encontró varias armas, incluida una mini Uzi, además de unas chaquetas negras, como las que se decía que habían usado los criminales de Galán. Arciniegas recalcó que él solo aportó la información sucinta del operativo porque si no, al día siguiente, podían botarlo de la Policía por encubrimiento.

El coronel Norberto Peláez también fue escuchado y precisó que la investigación del caso Galán la manejó su superior Óscar Peláez Carmona. Añadió que cuando el teniente Rodríguez llegó con los detenidos subió donde Peláez Carmona y se reunieron a solas. Años después, cuando la justicia absolvió a Jubiz Hazbún, en 1993, dejó constancia de que el arma encontrada en el operativo no había sido disparada, las chaquetas negras fueron entregadas al juez solo seis días después y el acta del allanamiento no se hizo en el lugar de los hechos, sino en la Dijín, además firmada por una secretaria que no estuvo presente.

A su vez, Óscar Peláez Carmona afirmó que el responsable del operativo fue Arciniegas y que nunca tuvo contacto ni con los capturados ni con los oficiales que hicieron el allanamiento. A pesar de que el complot se probó, Arciniegas fue favorecido por un auto inhibitorio. En un fallo desconocido del 28 de abril de 2017, la Fiscalía sostuvo que Arciniegas actuó “movido por el temor de que lo sacaran de la Policía”. A renglón seguido, agregó que “participó en los actos desviatorios de la investigación llevando a personas inocentes a la justicia, asegurando la impunidad de los verdaderos responsables”.

“¿Cómo es posible que se diga que un oficial participó de la desviación de un proceso y aún así se le absuelva bajo la tesis peregrina de que solo estaba cumpliendo órdenes?”, dijo a este diario una fuente que conoce la investigación. En el mismo fallo se favoreció con inhibitorio a otro oficial: el mayor retirado José Fernando Calvache Reyes, investigado como presunto enlace de los grupos criminales del capo Gonzalo Rodríguez Gacha. Un señalamiento que se desprende de dos testimonios: el primero aportado por un cabo de la Sijín y el segundo por un confeso pagador de la nómina del Mexicano en la Policía.

El cabo Mario Rueda León testificó en 2011 que el 18 de agosto de 1989 estaba de servicio en la Sijín de la Policía de Cundinamarca y escuchó una conversación que le llamó la atención: supuestamente oyó a Calvache Reyes comentarles a dos sargentos que el comandante de Soacha se hizo putear por el coronel Argemiro Serna por haber pedido apoyo de seguridad para garantizar la manifestación de Luis Carlos Galán. Además, que también escuchó a Calvache decir: “Por fin cayó ese hijo de puta”, y que después tres oficiales destaparon una botella de whisky para brindar.

No fue el único que atestiguó contra José Fernando Calvache. También lo hizo un sujeto identificado como Jairo Lozada Ramos, quien confesó haber trabajo en la organización de Gonzalo Rodríguez Gacha con la misión de “entregar dineros a oficiales y suboficiales de la Policía y políticos, al tiempo que manejaba un pequeño grupo de contrainteligencia para detectar a los miembros de la organización que se torcieran”. Jairo Lozada sostuvo que conoció a Calvache a finales de 1988 y afirmó tajantemente que Rodríguez Gacha “era uno de los grandes reclutadores de la Policía”.

En su defensa, el mayor Calvache aportó una certificación para probar que entre junio y septiembre de 1989 él estaba haciendo curso de ascenso para capitán y que, por tanto, era imposible que estuviera tomando whisky en la Sijín de Cundinamarca ese 18 de agosto en horas de la noche. No obstante, como se constató en el expediente, sus horas de estudio terminaban a las cinco de la tarde. Calvache declaró que esa noche estuvo acuartelado. La Fiscalía no logró ratificar los graves señalamientos en su contra y por eso dictó un auto inhibitorio en su favor.

La Procuraduría se opuso a este fallo y lo apeló, al considerar que sí existen evidencias que incriminan a estos dos oficiales en retiro. Según constató este diario, la apelación no ha sido resuelta en segunda instancia, a pesar de que ya han pasado más de dos años. Tres fiscales han tenido dicho expediente y no han tomado una decisión de fondo. Aun más: fue llamado a declarar Carlos Enrique Rodríguez, el teniente que comandó el operativo de allanamiento del 22 de agosto, cuando fueron capturados cinco inocentes. Rodríguez llegó a ser general de la Policía, pero pasó al retiro el año pasado.

Apenas se tomó su versión libre el pasado 9 de julio. Pero la diligencia aún no ha entrado en los detalles de cómo y por qué se incriminó al grupo de Jubiz Hazbún. Entre tanto, otros protagonistas esperan decisiones de la Fiscalía. Por ejemplo, los generales Óscar Peláez Carmona y Argemiro Serna tienen vigente una medida de aseguramiento, cuya única restricción consiste en que no pueden salir del país. Ambos están bajo sospecha de haber incidido en la desviación del caso. El coronel en retiro Manuel González, exjefe de protección del DAS, fue sentenciado a 25 años de prisión.

El capitán retirado Luis Felipe Montilla, excomandante de la Policía de Soacha, fue absuelto. Su caso fue apelado por la Fiscalía, la Procuraduría y la parte civil. Treinta años después, el expediente Galán sigue lleno de cabos sueltos. Ad portas de prescribir, hace algunos años, este crimen fue declarado de lesa humanidad tras la petición de la Procuraduría, pero los avances todavía son escasos. Miguel Maza Márquez, exdirector del DAS, y Alberto Santofimio Botero, exdirigente político, condenados por el magnicidio, pidieron pista en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

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