Argentina: el fiscal Stornelli pidió que Cristina Kirchner vaya a juicio por la cartelización y coimas en la obra pública.

Derecho Penal en la Red 2019-11-21 08:00:00

El fiscal Carlos Stornelli firmó el requerimiento de elevación a juicio oral contra Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López y más de medio centenar de empresarios, entre ellos Carlos Wagner, Ángelo Calcaterra, Gerardo Ferreyra, Juan Chediack, entre otros. El funcionario le pide así al juez Claudio Bonadio que todos sean enviados a juicio acusados de cohecho vinculado a la obra pública. 

Con el expediente principal elevado a juicio oral, Bonadio está más cerca de dar por clausurada la instrucción en tres causas vinculadas a la conocida como los cuadernos de las coimas. Se trata del tramo que investigó el circuito de sobornos en los corredores viales y las irregularidades en la importación de buques de gas natural licuado. En ambos casos el fiscal Stornelli ya presentó el pedido de elevación a juicio, con su acusación final contra los imputados.

En esos dos expedientes, la Sala I de la Cámara Federal porteña desprocesó a Cristina Kirchner, pero confirmó los de sus ex funcionarios del ministerio de Planificación Federal. 

Ahora, el fiscal pidió que Cristina, ex funcionarios y empresarios vinculados a la Cámara de la Construcción vayan a juicio oral por la cartelización de la obra pública y el sistema de sobornos estructurado alrededor de esos contratos. 

A este ritmo, cuando asuma como vicepresidenta, el 10 de diciembre, la viuda de Néstor Kirchner contará con diez procesamientos en causas por corrupción y al menos cinco pedidos de prisión preventiva confirmados por la Cámara. En instancia de juicio serán siete los expedientes.

Como el expediente principal que inició con los ocho cuadernos escritos por el ex chofer Oscar Centeno ya fue enviado a juicio oral y está radicado en el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), cuando estos tres casos conexos sean enviados, Bonadio explicará la conexidad con la "causa madre" para que todo se realice en un mismo jucio oral.

La Cámara Federal porteña dio por corroborada la intervención de los funcionarios imputados, respecto "a un acuerdo previo y a la división de tareas, con un claro dominio funcional del hecho", para una distribución de la obra pública.

Este planteo retomado por el fiscal del caso, y detalló cómo funcionó la cartelización de la obra pública se responsabilizó a De Vido, José López, Carlos Wagner (ex presidente de la Cámara de la Construcción), Ernesto Clarens (financista) y a las autoridades de Vialidad Nacional .

Por ello, se procesó a más de un centenar de empresarios que "participaban de este sistema, al igual que sus directivos o accionistas, junto a las personas que concurrían a efectuar los pagos por las mismas" a ex funcionarios kirchneristas.

Sin embargo, la Cámara limitó la responsabilidad de las constructoras involucradas en el expediente, porque solo tuvo en cuenta para la acusación contra los empresarios un listado aportado por el financista Ernesto Clarens. Bonadio había acusado a más empresas de las que están en ese listado.

Entonces, quedaron con procesamiento confirmado por pagar sobornos los empresarios: Gerardo Ferreyra, Javier Sánchez Caballero, Osvaldo Acosta, Carlos Wagner, Aldo Roggio, Juan Chediack, Ángelo Calcaterra, Hugo Dragonetti, Cristóbal López, Fabián De Sousa, Mario Rovella, Gerardo Cartellone, entre otros.

En su requerimiento de elevación, Stornelli se refirió a la ampliación del procesamiento contra la electa vicepresidenta de la Nación, como jefa de la asociación ilícita que se dedicó a la recaudación de fondos ilegales, se señaló que el "mecanismo implementado para lograr la deliberada distribución de la obra pública tenía como fin último nutrir de fondos a la asociación ilícita comandada y estructurada por los antes nombrados", es decir por Cristina Kirchner y los ex funcionarios del ministerio de Planificación Federal.

Se determinó que "cada pago emprendía su camino en las oficinas y dependencias de las distintas empresas interesadas para concluir, tras una breve escala en las oficinas de Clarens y los despachos de los funcionarios, en dos lugares muy sugestivos: la Quinta Presidencial de Olivos o el departamento" del barrio de Recoleta.

Por se sostuvo que los hechos comprendidos en este expediente "se engarzan, justamente, en el mismo patrón descrito en anteriores pronunciamientos referidos a aquella estructura recaudatoria instaurada desde las más altas esferas" del Gobierno.

En este expediente se investigó el otorgamiento de contratos de obra pública civil a cientos de empresarios. Se sostuvo que en el área del Ministerio de Planificación Federal "por indicaciones del Presidente Néstor Kirchner y luego mantenido en el tiempo por la Presidente Cristina Fernández, se organizó un esquema de recaudación ilegal de dinero, a través del cual se procedió a digitar la adjudicación de las licitaciones de las obras públicas civiles".

Se remarcó que las empresas que resultaban beneficiadas con aquélla asignación, como contrapartida, "debían entregar una suma de dinero que ingresaba a las arcas de la asociación".

CLARÍN.