La causa contra el embajador de Zapatero en Venezuela salpica ya a su familia política.

Derecho Penal en la Red 2020-02-17 05:00:00

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha acordado librar una nueva comisión rogatoria a Portugal para esclarecer el origen de los 480.000 euros que la consuegra del embajador de España en Venezuela durante la época de José Luis Rodríguez Zapatero, Raúl Morodo, transfirió a su hija y que ella, tras devolverle 225.000, utilizó para la compra de una vivienda en Portugal.

Es una arista más en la madeja que trata de desenredar la Fiscalía Anticorrupción para esclarecer dónde acabaron los más de 4,5 millones de euros que el hijo del exembajador, Alejo Morodo, facturó a la petrolera estatal venezolana PDVSA por contratos «carentes, hasta la fecha, de toda justificación real y lógica comercial» y para cuya firma se habría valido de las influencias de su padre, recién salido del cargo. Tras pasar por Suiza, Panamá y Portugal, los fondos acabaron en la familia y en las cuentas de algunos de sus socios, ocho personas cuyos movimientos bancarios están bajo la lupa porque por se movieron hasta 35 millones de euros sólo entre 2010 y 2018.

Las actuaciones se remontan a una investigación policial iniciada en 2015 y fueron engordando con la causa que había abierta en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid sobre el blanqueo en España de fondos saqueados de PDVSA, asunto que por su magnitud, asumió después la Audiencia Nacional.

Los movimientos de ingentes cantidades de dinero y en particular, las transferencias sospechosas entre los distintos miembros del «círculo» familiar y laboral «más íntimo» del diplomático, atrajeron la atención de los investigadores y en enero de 2019, Fiscalía Anticorrupción presentó una querella y un arsenal documental que cinco meses después desembocaron en la detención, entre otros, del propio Alejo Morodo.

Los delitos; blanqueo, corrupción en las transacciones comerciales internacionales, falsedad documental y contra la Hacienda Pública y el origen; el entramado societario con el que Alejo facturaba a PDVSA, en teoría, por servicios de asesoramiento. Atendiendo a la redacción de los contratos que obran en el sumario, a los elevados importes y a la ausencia de documental que pruebe la efectiva realización de las encomiendas, la Fiscalía cuestiona la veracidad de esos negocios.

Además, después de facturar, repartía el dinero. «Para introducir dichos fondos en España se sirvieron de una compleja estructura societaria, dentro de la cual se integra una sociedad de nacionalidad panameña, así como de diversas cuentas bancarias abiertas en entidades radicadas en Portugal, Suiza y España, dificultando de esta manera el seguimiento del dinero recibido que, además, fueron traspasando entre distintas cuentas bancarias abiertas en entidades españolas y del que dispusieron, principalmente, mediante cheques al portador y extracciones en efectivo», decía la querella de Anticorrupción.

En el caso del embajador, de 84 años, la investigación le sitúa como beneficiario de los fondos que le transfería su propio hijo mediante las sociedades que administraba y que bebían de PDVSA. Cuando el juez le preguntó al respecto, sólo reconoció que Alejo desempeñaba trabajos para la petrolera y que le había prestado en torno a 84.000 euros, una cantidad lejana a la cifra que apuntan los investigadores.

Cheques y dinero en efectivo.

En total, los informes de Hacienda señalan que el diplomático recibió cerca de medio millón de PDVSA por medio de una empresa de Alejo, más otros 604.143 euros en una segunda cuenta de la que ambos eran beneficiarios. Lo gastó mediante cheques al portador y extracciones en efectivo.

Mientras, su mujer, Cristina Cañeque de Sola, resultó tener a su nombre haberes millonarios cuyo origen aún está por esclarecer, dado que «pese a no realizar actividad laboral alguna, consta como administradora de diversas sociedades utilizadas por su marido y su hijo para canalizar sus bienes y patrimonio».

Entre ellas está MS Trading, beneficiaria asimismo de dinero de PDVSA a través del negocio de Alejo y con activos inmobiliarios valorados por encima de los 5,3 millones de euros. Se le han encontrado además, saldos de 6,4 millones de euros en tres cuentas bancarias en Suiza que fueron abiertas en 2008, « fechas próximas al cese de su marido como embajador de Venezuela», es decir, justo cuando empezaron las relaciones de su hijo con PDVSA.

Preguntado por estos hechos, Morodo dijo al juez que su mujer participaba en esa empresa por herencia familiar y que no le constaba que tuviera fondos en el Credit Suisse. Ella había declarado el patrimonio, pero el juez sigue investigando en Suiza de dónde salió aquel dinero.

Pero sin duda, el centro de la investigación es Alejo Morodo. Su padre contó al juez que viajaba con frecuencia a Venezuela y confirmó así sus negocios con PDVSA al poco de dejar el embajador su cargo. Facturaba a la petrolera con una sociedad que creó en Panamá con cuenta en Suiza y desde ahí iba enviando dinero a las cuentas de otras mercantiles también de su titularidad para acabar moviéndolo de nuevo a otros destinatarios.

En la trama estaría implicada también su mujer, Ana Catarina Varandas, centro de la rama portuguesa de la investigación. Por un lado, utilizó los mencionados 480.000 euros que le transfirió su madre en dos pagos de los que le devolvió uno de 225.000 para comprar una casa en Portugal, sin que se haya esclarecido de dónde había sacado la prestataria ese dinero. Por otro, comparte con su padre, un político portugués, una sociedad de la que salieron y entraron fondos de Morodo Abogados y Asociados, empresa de Raúl y Alejo Morodo, sin aparente justificación ni tributación, según Fiscalía.

La Agencia Tributaria destaca además otro negocio. Junto a su marido le compraron una vivienda en la exclusiva calle madrileña de Fortuny a esa sociedad en la que ella figura con su padre por importe de 350.000 euros y mediante distintas formas de pago (transferencias y cheques al portador). El piso, cuya inquilina es una diplomática brasileña que aceptó seguir allí de alquiler, tiene un precio de mercado superior a 1,3 millones de euros.

Pero en la trama no hay solo familiares. Dos de los investigados son los venezolanos residentes en España Juan Carlos Márquez y Carlos Adolfo Prada, así como sus esposas, a quienes se relaciona con la misma recepción de fondos de PDVSA y el uso de mecanismos para «intentar dotarlos de apariencia legal».

Prada suscribió contratos con PDVSA similares a los de Morodo y lo hizo a través de Márquez, que firmaba las renovaciones como «secretario de entes» de la petrolera. Su caso arroja misterio a la trama. Se quitó la vida en una oficina que tenía alquilada en Madrid tres días después de contarle al juez que los contratos se firmaban con orden del presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, a quien había visto despachar con Raúl Morodo. Se investiga si antes del suceso pasó los bienes a su esposa. El volcado de su móvil, recién añadido a la causa, está pendiente de analizar.

ABC.