Informe denuncia un aumento de la violencia contra pueblos indígenas brasileños.

Derecho Penal en la Red 2020-09-30 15:00:00

Las denuncias de violencia contra indígenas brasileños pasaron de 110 en 2018 a 276 en 2019 (+150%), según un informe divulgado este miércoles (30/9/2020) por un organismo vinculado a la Iglesia Católica, que puso en la mira las posturas del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

En su reporte, el Consejo Indigenista Misionario (CIMI) enumera casos de abuso de poder, amenazas de muerte, racismo y discriminación, intentos de asesinato y violencia sexual. Uno de los pocos indicadores que mostró una reducción fue el de asesinatos de indígenas, que superó igualmente el centenar: fueron 113 en 2019, frente a 135 en 2018. Sin embargo, los atropellos, en gran parte motivados por conflictos por la tierra, se multiplicaron.

"Los datos de 2019 muestran que los pueblos y sus territorios tradicionales están siendo explícitamente usurpados", dijo en un comunicado el CIMI, vinculado a la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil.

En tanto, las invasiones, la explotación ilegal de recursos y los daños al patrimonio pasaron de 109 casos en 2018 a 256 en 2019.

"¿Hasta cuándo matarán a los indígenas para explotar sus tierras?", se preguntó el arzobispo y presidente del CIMI, Roque Paloschi, durante el lanzamiento virtual del informe.

"Hoy el mayor agresor de los pueblos indígenas y de la naturaleza es el propio gobierno brasileño", agregó.

"La intensificación de las expropiaciones de tierras indígenas a través de la invasión, de la ocupación ilegal por parte de extraños a la comunidad (...) se consolida de forma acelerada y agresiva en todo el territorio nacional, causando una destrucción incalculable", dice el texto.

El informe afirma que muchos agresores se sintieron envalentonados por la llegada del Bolsonaro al poder en enero de 2019. El mandatario ultraderechista se opone a la demarcación de tierras indígenas y defiende la apertura de sus territorios para la explotación energética y agropecuaria.

"En algunas situaciones descritas en el informe, los propios invasores mencionaban el nombre del presidente de la República, confirmando que sus acciones criminales son incentivadas por aquel que debería cumplir la obligación constitucional de proteger los territorios indígenas, patrimonio del país", subraya el documento.

DW.