Colombia: indígenas de la Sierra fueron presentados como "falsos positivos".

Derecho Penal en la Red 2021-03-08 04:30:00

Entrega de cuerpos por parte de grupos paramilitares para pasar como bajas en combate, asesinatos de habitantes de calle a quienes les cortaban el cabello para presentarlos como guerrilleros, estigmatización y muerte de indígenas.

Estas son solo algunas de las características de las ejecuciones extrajudiciales cometidas en Colombia por miembros de la Fuerza Pública, cuya barbarie sigue destapándose a pocos meses de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) formule su imputación de cargos contra los responsables de estos crímenes, que habrían dejado al menos 6.402 víctimas entre 2002 y 2008.

Según un documento del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), que representa víctimas de ejecuciones extrajudiciales, construido  a partir de la sistematización de 40 versiones individuales rendidas por 32 oficiales y suboficiales del batallón La Popa, ubicado en el departamento del Cesar. De estos testimonios, rendidos por los militares ante la JEP, se pudo identificar 146 casos de ‘falsos positivos’ cometidos entre 2002 y 2005.

Durante esos tres años, la Primera División del Ejército presentó el mayor número de muertes cuestionadas a nivel nacional, según la Fiscalía. Con 166 asesinatos, el batallón La Popa, perteneciente a esa división, concentró más de la mitad de los casos investigados, y se convirtió en la unidad militar con mayor número de pesquisas abiertas por el ente acusador en Ley 600. De hecho, a pesar de ser solo uno de casi 200 batallones que tenía la institución castrense para la época de los hechos, militares de La Popa concentraban el 9 por ciento del total de sometidos a la JEP hasta 2018.

De hecho, el coronel (r) Publio Hernán Mejía, comandante de La Popa entre 2002 y 2004, fue condenado en 2013 a 19 años de prisión por vínculos con paramilitares a quienes, dice la sentencia, no combatía a cambio de recibir “personas de grupos guerrilleros y paramilitares castigados para ser ejecutados extrajudicialmente y presentarlos como "positivos" ”.

El perfil de las víctimas.

Según el documento, se han identificado 10 patrones en las personas asesinadas para pasar como bajas en combate, de acuerdo con las versiones de los oficiales y suboficiales del batallón. Estas son: pertenecer a una comunidad indígena, ser señalado como guerrillero miliciano, ser presunto integrante de las Auc, ser una persona indocumentada, tener antecedentes, ser menor de edad, caracterizarse por la precariedad económica (habitante de calles, vendedores ambulantes, recicladores), tener alguna discapacidad o diversidad funcional, ser desmovilizado de algún grupo armado al margen de la Ley, y ser una persona LGBT.

Ante la JEP, los militares han asegurado que antes de cometer una ejecución extrajudicial recibían información de que la persona era guerrillera o miliciana. Sin embargo, “en varias de las versiones se puede observar que esa información era escueta, pues en algunas ocasiones eran señalados por algún guía o informante, otras veces simplemente los soldados actuaban conforme a la información que les brindaba su comandante y, en otros, supuestamente se tenía información de inteligencia humana”, asegura el documento.

La jurisdicción del batallón La Popa cubre municipios del norte del Cesar como Agustín Codazzi, Bosconia, El Copey, La Paz, Manaure, Pueblo Bello, San Diego y Valledupar, donde también operaban grupos paramilitares que habrían hecho alianzas con agentes del Estado para la comisión de ‘falsos positivos’.

Comparecientes señalaron que existían cooperaciones implícitas y que realmente nunca se combatía directamente a las Auc, sino que las bajas que se reportaron de ese grupo, en su gran mayoría, obedecen a entregas que los mismos "paras" les hacían al Ejército.

Además, el informe del Cajar destaca la participación de civiles, que habrían fungido como guías o acompañantes de las operaciones de registro y control de los distintos pelotones, y quienes, a la postre, determinaban quiénes serían los asesinados. Esos guías, en ocasiones, eran miembros de grupos paramilitares.

Uno de los soldados indicó en su testimonio que un guía le dijo que detuviera a un presunto integrante de las Farc. “No había un verdadero control por parte de los superiores o del S2 para corroborar que las personas hicieran parte de estos grupos al margen de la Ley”, concluye el documento.

Según las versiones de los militares, al no tenerse certeza del supuesto grupo guerrillero al que pertenecía una persona, le asignaban arbitrariamente indumentaria de alguno. Un compareciente ante la JEP relató una ocasión en que un superior lo felicitó y le preguntó qué brazalete tenía la persona asesinada y él le respondió que ninguno, a lo que el superior le indicó que le pusiera uno de las Farc.

Incluso, para aumentar los resultados operacionales, los militares habrían identificado personas en situación precaria y que no tuvieran un arraigo familiar definido, “lo que dentro de un patrón permite que, en algunos casos, no existan denuncias ante su desaparición”.

De ahí que en sus versiones los oficiales y suboficiales hayan indicado que algunas víctimas eran personas habitantes de calle de la ciudad de Valledupar, quienes se dedicaban a oficios como el reciclaje de metales. Así mismo, señaló un compareciente, personas “que no tuvieran muy buena imagen, ladrones, con antecedentes”, a quienes, dijo, había que cortarles el cabello y arreglarlos antes de asesinarlos.

Por otra parte, el documento resalta que casi el 10 por ciento de las víctimas de "falsos positivos" cometidas por militares del batallón La Popa eran indígenas de las etnias Wiwa y Kankuamo, habitantes de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Frente a la comunidad Kankuama, según las versiones, existe una marcada estigmatización. Uno de los comparecientes mencionó ante la JEP que, supuestamente, el 45 por ciento de los integrantes del Frente 59 de las Farc eran indígenas de ese pueblo. Señala el informe que otro militar insinuó que “no le tiene respeto a la comunidad Kankuama porque no se les ven las tradiciones”.

Por todas estas y otras situaciones, el Cajar le solicitó a la JEP que aplique todos los enfoques diferenciales (étnicos, de género, discapacidad) para los análisis que correspondan en el marco del macrocaso 03, sobre muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado.

EL TIEMPO.