El Salvador: ¿Quiénes son los magistrados y el fiscal impuestos por la Asamblea Legislativa?

Derecho Penal en la Red 2021-05-03 11:10:00

Algunos de los nombres elegidos para sustituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al Fiscal General son conocidos por haber sido empleados de Nayib Bukele, en Casa Presidencial; un nexo que riñe con lo que establece la Constitución de El Salvador como requisito e idoneidad para ser magistrado de la CSJ.

El oficialismo salvadoreño tomó el sábado, por primera vez, las riendas de la Asamblea Legislativa y su primera acción fue votar para destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la CSJ y al fiscal general, Raúl Melara.

Bukele ha tenido enfrentamientos en más de una ocasión con estos funcionarios por decisiones judiciales e investigaciones del Ministerio Público sobre compras irregulares durante la pandemia. Fueron 64 diputados, de los 84 que componen la Asamblea Legislativa, los que votaron por la destitución de los magistrados y del Fiscal, que fueron electos por anteriores legislaturas.

Pero la misma noche de la destitución, la Asamblea ya tenía los reemplazos. El diputado de Nuevas Ideas, y jefe de la bancada del partido, Christian Guevara, fue quien leyó los nombres de los abogados que proponía para integrar la Sala de lo Constitucional: Luis Javier Suárez Magaña, Héctor Nahúm García, Jo- sé Ángel Pérez Chacón, Elsy Dueñas Lovos y Óscar Alberto López Jerez. Como Fiscal General el candidato propuesto fue Rodolfo Antonio Delgado.

Guevara leyó los perfiles académicos y, al momento de la votación, 64 diputados votaron a favor de sustituir a los magistrados actuales con los propuestos por el oficialismo. El mismo número de diputados votó a favor de Delgado como fiscal.

Pero los perfiles académicos no revelan toda la trayectoria de los funcionarios impuestos por la nueva Asamblea. Sin embargo, al menos dos de ellos han sido abogados o asesores de Bukele en Casa Presidencial y otros han sido cuestionados por su labor pasada.

Los ahora funcionarios impuestos por la Asamblea que han estado relacionados con Casa Presidencial son: José Ángel Pérez Chacón, que antes de ser nombrado magistrado de la CSJ fue el de abogado de la Presidencia. De hecho, en abril de 2020, Chacón promovió que las personas que fueran sorprendidas circulando en la calle sin autorización, durante la cuarentena nacional, serían llevadas a un centro de contención. Una medida impuesta por el Gobierno de Bukele y a la que la Sala se opuso.

Asimismo, Rodolfo Antonio Delgado, quien fue elegido Fiscal General de El Salvador por la bancada oficialista, luego de que la Asamblea destituyera a Raúl Melara. En julio de 2019 se conoció que Delgado asesoró como jurídico a la presidencia de Nayib Bukele. Además, fue subalterno del exfiscal general Luis Martínez, hoy preso por revelar audios reservados. Y también trabajó como asesor del exfiscal general Douglas Meléndez.

Pero de los seis funcionarios impuestos, hay otros como Luis Javier Suárez Magaña que, aunque no han sido asesores jurídicos de Casa Presidencial, han sido empleados del Gobierno. Magaña fue gerente de operaciones de la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget). Luego de su renuncia, fue promovido por Bukele como comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), en representación del gremio de periodistas, pese a que no es periodista.

Como asesores jurídicos o empleados en otras instituciones, los nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional carecen del principio que mandata la Constitución salvadoreña para ostentar dicho cargo: independencia.

Luego de que la Asamblea impusiera nuevos magistrados, los magistrados de la Sala de lo Constitucional en funciones declararon “inconstitucional” la elección.

“Declárase que la decisión de la Asamblea Legislativa (…) es inconstitucional, en tanto que viola la forma de gobierno republicana, democrática y representativa”, reza el documento de la Sala.

Un grupo de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas FUSADES, FUNDE, Acción Ciudadana y Cristosal dijeron desconocer el mandato de las personas que “han usurpado, incluso por la fuerza, las funciones de órganos constitucionalmente elegidos”. Asimismo, dijeron respaldar a los jueces y magistrados que desconozcan “la pretendida usurpación de la Sala de lo Constitucional”.

En el caso de otros de los elegidos el sábado, la “moralidad notoria” está en entredicho. Elsy Dueñas Lovos, ha sido magistrada de la Sala de lo Contencioso Administrativo. En 2019, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) admitió una demanda contra Lovos y otros magistrados, por negarse a brindar informes de Probidad de casos de presunto enriquecimiento ilícito en funcionarios. Esto fue visto por organizaciones de la sociedad civil, como un voto en contra de la transparencia. El 15 de abril de este año, Lovos quedó fuera de las candidaturas del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) a magistrada; el CNJ filtra los perfiles de los candidatos y los envía a la Asamblea. Pese a que el CNJ la dejó fuera, la Asamblea la convirtió en magistrada.

EL SALVADOR.