Centros de torturas aún manchan a América Latina y el Caribe.

Derecho Penal en la Red 2023-02-19 11:10:00

Villa Marista en Cuba, El Helicoide en Venezuela y El Chipote en Nicaragua remiten a miedo y centros de torturas en regímenes izquierdistas del siglo XXI. Colonia Dignidad en Chile, Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) en Argentina, Casa de la Muerte y DOI-CODI en Brasil, Fort Dimanche en Haití, Dirección Nacional de Investigaciones (DNI) en Honduras, La 40 en República Dominicana y el sótano de la Guardia Nacional en El Salvador trasladan a pánico y presidio político en dictaduras derechistas del siglo XX.

De La Habana y Caracas a San Salvador y Buenos Aires o de Managua a Santo Domingo, Puerto Príncipe, Tegucigalpa, Sao Paulo y Río de Janeiro, defensores no oficialistas de libertades y garantías civiles denunciaron violaciones a los derechos humanos en esos y los demás centros de arrestos en esos y otros países del área, de Guatemala a Bolivia y Paraguay o de México y Ecuador a Colombia, Perú, Panamá y Uruguay en al menos los últimos 70 años.

Tortura y presidio político aún manchan a América Latina y el Caribe por las atrocidades ordenadas desde esas temibles prisiones operadas por militares, escuadrones de la muerte, policías, paramilitares, agentes de seguridad e inteligencia, policías políticas, colectivos o turbas parapoliciales y otras fuerzas paralelas y clandestinas de los diferentes gobiernos.

El Chipote, en Managua, saltó a la fama luego de que, el 9 de este mes, el régimen izquierdista gobernante de Nicaragua desterró a 222 presos políticos nicaragüenses a Estados Unidos por traidores «a la Patria». La mayoría narró en EE.UU. sus historias de horror en esa prisión.

Relatos similares surgieron de Villa Marista, en La Habana y sede principal de la Seguridad del Estado del régimen comunista cubano, y de Colonia Dignidad, creada en 1961 en el sur de Chile por migrantes alemanes y base de detención, torturas y exterminio de rivales al servicio de la dictadura de 1973 a 1990 del general derechista Augusto Pinochet (1915—2006).

«¡Terror!», afirmó la periodista independiente o «no oficialista» cubana María Matienzo, corresponsal en Cuba de medios extranjeros, al aludir a Villa Marista.

«Es un lugar diseñado para matar. Conocí a una mujer que querían condenar por un robo que no cometió y le dijo a la hija que después de pasar por Villa Marista prefirió que la llevaran a la cárcel de mujeres», informó Matienzo.

Al preguntársele si la situación es más grave para presos políticos que para comunes, contestó que «ni peor ni mejor. La deshumanización es pareja para todo el mundo, aunque con los presos políticos se ensañen.  Pero de las torturas no se libra nadie en una prisión cubana».

Cuba rechazó que en la isla haya presos políticos y alegó que hay reos por ser mercenarios al servicio de EU para intentar destruir a la revolución cubana, que se instaló en 1959. Nicaragua y Venezuela también desmintieron tener personas presas por su ideología y repitieron que los encarcelados son enemigos y aliados de EE.UU.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia autónoma de la Organización de Estados Americanos (OEA), denunció en diciembre de 2022 que hay mil 34 presos políticos en Cuba y 247 en Venezuela. Al liberar 222, en Nicaragua quedaron unos 38.

Aunque hay otros presidios políticos, como Las Tumbas o Ramo Verde, el emblemático en Venezuela es El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), pieza clave del régimen venezolano de asedio a sus adversarios. «Las visitas eran grabadas por el Sebin. No le daban ninguna privacidad», rememoró una venezolana esposa de un exmilitar venezolano recluido en ese sitio.

Represión.

Amnistía Internacional (AI), organización global de defensa de derechos humanos, calculó que, de 1966 a 1981, hubo unos 70 mil detenidos—desaparecidos por la guerra sucia y la represión en México y las dictaduras militares derechistas y aliadas a EU que gobernaron en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Argentina, Uruguay, Bolivia, Chile, Panamá, Paraguay, Brasil y Haití en el siglo XX.

La guerra en El Salvador (1980—1992) se saldó con unos 80 mil muertos y desaparecidos y las guerras de Colombia (1964—2016) dejaron una cifra parcial de unos 225 mil muertos y unos 45 mil desaparecidos.

Perú sufrió unas 20 mil desapariciones políticas en el gobierno (constitucional y luego de facto) de Alberto Fujimori, de 1990 a 2000. Chile sumó unos 3 mil desaparecidos por la represión tras el golpe de Estado de 1973 de Pinochet contra el presidente izquierdista Salvador Allende (1908—1973).

Por eso fue que, al escuchar de la Colonia Dignidad, la mapuche y socialista chilena Mónica Pilquil, viuda del preso político chileno Ismael Chávez (desapareció en 1974), lanzó un… «tenebroso».

«Lo que ocurrió ahí fue tenebroso. Una máquina de horror y desaparición. Los documentos hallados en Colonia Dignidad tienen ficha de cada asesino y torturador. La mayoría de desapariciones fueron (ordenadas) desde Colonia Dignidad», explicó Pilquil a este diario.

Cárceles famosas del siglo XX fueron ESMA en Argentina, DNI en Honduras, La 40 en República Dominicana y Casa de la Muerte y Destacamento de Operaciones de Información – Centro de Operaciones de Defensa Interior (DOI-CODI) de las fuerzas militares en Brasil, aunque hubo otras en esos países.

De 1957 a 1986 en Haití, la dictadura de la familia Duvalier confinó a sus opositores en Fort Dimanche y los torturó en condiciones claustrofóbicas y agresión sexual para fusilarlos.

Una escala de pavor en El Salvador fueron los sótanos de la Guardia Nacional y los de otros cuerpos policiales y militares.

«A esos sótanos llevaron a la gente a torturarla y sacarle información», aseguró a este medio el abogado, politólogo y ex guerrillero salvadoreño Benjamín Cuéllar, dirigente de Víctimas Demandantes (VIDAS), grupo (no estatal) de El Salvador de derechos humanos, al relatar el acoso a sospechosos de tener nexos con la guerrilla izquierdista.

«Desde que los agarraban los torturaban», recordó.

EL UNIVERSAL.