El juez investiga por terrorismo a Carles Puigdemont en la causa de Tsunami Democràtic.

Derecho Penal en la Red 2023-11-06 11:10:00

El juez instructor de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado dirigir la investigación por las presuntas actuaciones terroristas de Tsunami Democràtic contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. Si bien el juez considera que es necesario citar a Puidemont como imputado, le es imposible mientras mantenga su inmunidad como europarlamentario, de forma que le ha instado a comparecer voluntariamente ante la Audiencia Nacional. 

Sí han sido imputados la secretaria general de ERC, Marta Rovira, el empresario Oriol Soler, el exconsejero Xavier Vendrell y Jaume Cabaní, antiguo contable de Puigdemont implicado en la operación Volhov como parte de una presunta trama de blanqueamiento.

Ha sido citado como testigo Arnaldo Otegui "a fin de esclarecer" lo ocurrido en la reunión que mantuvieron distintos líderes en Ginebra en 2019 y para que pueda aclarar "el conocimiento que pudiera tener sobre la planificación y aparición" de la plataforma Tsunami Democràtic, "y su aportación a la misma". 

Estas imputaciones y los indicios de una posible participación de Puigdemont son uno de los mayores hitos en una investigación que comenzó en 2019. La imputación del expresidente de la Generalitat es "necesaria" a juicio de García-Castellón, que señala en su resolución que Puigdemont no podría ser citado "en otra condición que no sea la de investigado" en tanto que el interrogatorio "versaría sobre cuestiones de carácter evidentemente incriminatorio". 

Conclusiones a las que el juez ha llegado tras analizar la agenda de Josep Lluís Alay, responsable de la oficina de Carles Puigdemont, que acudió a las reuniones que tuvieron lugar en agosto de 2019 en la capital Suiza. En el teléfono móvil de Alay, por otro lado, se encontró un mensaje escrito por Jesús Rodríguez en el que se afirmaba: "El lunes 26 de agosto [de 2019] se darán a conocer los perfiles de la campaña Tsunami Democràtic como respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo. Supongo que desde Ómnium informarán directamente al presidente Puigdemont".

En otro de los mensajes se habla de un "grupo de coordinación de la campaña Tsunami Democràtic" y se afirma que las decisiones y dudas que surgen al respecto son consultadas al expresidente Puigdemont a través del propio Alay. El auto recoge otras conversaciones mantenidas directamente con el expresident en las que Alay indica: "O tú y Tsunami tomáis el control o podemos empezar a gestionar el precio de las bajas", todo ello después de publicarse la sentencia del procés. "Intentamos que el Gobierno se ponga las pilas", contesta Puigdemont, a lo que Alay replica que "los diputados están cagados" y "el Govern está acojonado". "Cierto, y eso no es bueno", sentencia el fugado.

Rovira, una de las presuntas coordinadoras.

La imputación de Marta Rovira se produce días después de que García-Castellón recibiera un informe de la Guardia Civil en el que se la situaba como una de las coordinadoras de la plataforma. Según el documento, "con mucha probabilidad" Rovira era la usuaria de la aplicación de mensajería cifrada Threema que actuaba bajo el seudónimo de Matagalls y que tenía "un conocimiento previo de, al menos, ciertas acciones de la plataforma". 

La número dos de ERC, huida a Suiza en 2018, habría sido una de las participantes en las "labores de organización" del movimiento, que "no surgió de forma espontánea, sino que fue el resultado de una estrategia minuciosamente planificada" para movilizar a miles de personas y comprometer "la estabilidad económica, social, empresarial e institucional de España". 

Coincide con este análisis el auto dictado por García-Castellón, que describe a Tsunami Democràtic como "una organización estructurada, jerarquizada y con vocación de permanencia, dirigida por varias personas con roles diversos que extendían su ámbito de actuación en parcelas determinadas" con la finalidad de subvertir el orden constitucional. Así, la plataforma logró en 2019 bloquear infraestructuras críticas del Estado y paralizar el aeropuerto de Barcelona-El Prat. Durante los disturbios en el aeropuerto, que provocaron importantes destrozos y la cancelación de más de 100 vuelos, se saldaron con 115 heridos.

Los hechos podrían ser considerados actos de terrorismo, según considera el juez "desde la provisionalidad" de este momento, en tanto que se pueden constatar las finalidades de la organización como parte de las incluidas en el artículo 573 del Código Penal, referido a los delitos de terrorismo. En este sentido, también sería posible calificar los hechos como delito de desórdenes públicos terroristas, según el juez. "El análisis de los hechos expuestos no permite excluir, en absoluto, que Tsunami Democràtic pudiera tener la consideración de grupo terrorista, debiendo esclarecer si se llegó a materializar su actuación con alguno de los delitos del art. 573 CP", concluye García-Castellón. 

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